lunes, 25 de mayo de 2015

REQUISITOS PENSION VIUDEDAD EN PAREJA DE HECHO

 Ante el supuesto de reclamación de una pensión de viudedad por alguien que ha mantenido una relación de pareja de hecho con alguien que ha fallecido, puede ocurrir que la Seguridad Social la deniegue.

El Tribunal Supremo Sala 4ª, en su Sentencia de 10-3-2015, acaba de DENEGAR EL DERECHO A PERCIBIR UNA PENSIÓN DE VIUDEDAD SIN EXISTENCIA DE MATRIMONIO, al desestimar un Recurso de Casación para la unificación de doctrina interpuesto por una mujer, contra la sentencia dictada en fecha 6-mayo-2014 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Alicante, de fecha 25-junio-2013  en autos seguidos a instancia de la referida recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Esta es la Jurisprudencia que se sigue, y ello en virtud de que el apartado 3 del art. 174 de la Ley General de la Seguridad Social establece la exigencia de dos simultáneos requisitos para que el miembro supérstite de la “pareja de hecho” pueda obtener una pensión de viudedad:  a) de un lado se exige por dicha norma la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años;  y b) de otro la publicidad de la situación de convivencia more uxorio, imponiendo con carácter constitutivo y antelación mínima de dos años al fallecimiento, la inscripción en el registro de parejas de hecho (en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia), o la constancia de su constitución como tal pareja en documento público.



jueves, 3 de mayo de 2012

PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE PAREJA DE HECHO


No siempre una pareja no casada genera derechos y obligaciones entre sí.  Para que ello ocurra es necesario que exista una convivencia equivalente a la que existe en un matrimonio, con afecto marital.  Una convivencia de simple amistad no puede considerarse unión de hecho a estos efectos.

Con carácter general lo requisitos de las uniones de hecho son, que estén formadas por dos personas mayores de edad, sin impedimentos legales para su convivencia, que la relación sea afectivo-sexual, que exista estabilidad en esa convivencia y que sea notoria y conocida públicamente esa relación.  En resumen, que convivan como si estuvieran casados pero sin cumplir los trámites formales de la celebración de matrimonio.

Ya que no existe el trámite formal de la celebración de matrimonio, su ausencia dificulta la prueba de la existencia de la pareja de hecho, cuestión importante a la hora de determinar el efecto jurídico de la pareja, sus derechos y obligaciones.

En estos últimos años se han creado numerosos registros de parejas de hecho por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, donde la mera declaración de las partes genera la inscripción en dicho registro, pero no es prueba concluyente de su existencia pues carece de garantías suficientes como para considerar que dicha declaración realizada por las partes es cierta.

Por lo que es importante poder acreditar la unión de hecho y su duración temporal por otros medios de  prueba.  Nada impide que las dos personas que conforman esta unión de hecho vayan a la  notaría y otorguen un documento público donde establezcan que van a constituir una unión con carácter estable o que ya existe, el domicilio, los bienes existentes y cuando se adquirieron, como va a regirse económicamente su unión, etc.

Otras pruebas indiciarias serían los contratos, los de arrendamiento de la vivienda o compraventa realizados por ambos convivientes.  Los contratos bancarios conjuntos, los contratos de suministros u otros contratos con terceros, el empadronamiento en el mismo domicilio, etc.   Estas son pruebas que acreditan la convivencia de las dos personas pero en ningún caso que exista entre ellas un vínculo de relación sentimental estable y permanente, requisito indispensable, como se dijo, para considerar existente la relación de hecho con plenos efectos jurídicos.

Para acreditar la relación sentimental estable y permanente la prueba de testigos, amigos, vecinos, etc, es fundamental, pero evidentemente la más efectiva es la existencia de hijos comunes cuya filiación materna y paterna  figure inscrita en el Registro Civil.

Todas estas pruebas van encaminadas a acreditar la unión afectiva de hecho entre dos personas, ya que esto incidiría en algunos ámbitos jurídicos, fiscales, penales, laborales, etc., pero casi nunca al mismo nivel que si existe matrimonio, ya que desde un punto de vista legal, no es igual el matrimonio que la unión de hecho.

Por lo que si lo que se pretende es obtener la mayor seguridad jurídica a fin de disfrutar de todos los derechos que devienen del matrimonio, lo que hay que hacer es inscribirse en el Registro Civil, esto es casarse, lo que no es más que, delante de un alcalde o funcionario competente, si no queremos que sea un juez o un cura, prestar el consentimiento a la celebración del matrimonio junto a dos testigos.  Nada más.  Otra cosa es todo aquello de lo que socialmente hemos investido a la celebración, pero esto es otra cosa ajena al instituto jurídico.

No hay que olvidar que los registros de uniones de hecho fueron un gran avance pero solamente al incluir las uniones de parejas homosexuales, ya que no podían acceder al Registro Civil como matrimonio, pero en el momento que se ha permitido el matrimonio de las parejas del mismo sexo, se casan, a fin de garantizarse todos los derechos que este instituto origina. 

Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogada Alcalá de Henares

viernes, 16 de marzo de 2012

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD


A veces, al momento de la separación o el divorcio, o después, alguno de los progenitores puede pretender que al otro se le prive de la patria potestad por  considerar que no se preocupa lo suficiente del hijo común.

Para que tenga lugar la privación de la patria potestad es necesario que exista una causa relevante y grave, y por supuesto, debe declararse en una sentencia y siempre en interés de los hijos.  Generalmente cuando se priva a uno de los progenitores del ejercicio de la patria potestad es porque existe una total despreocupación y desinterés de ese progenitor respecto a su hijo y/o porque su conducta puede afectar negativamente al desarrollo emocional del menor.

La privación total o parcial de la patria potestad requiere que exista un efectivo incumplimiento de los deberes de cuidado y asistencia, y que el mismo sea imputable de forma relevante al titular o titulares de la patria potestad, que en el juicio queden suficientemente acreditados dichos extremos y conlleve un peligro grave para los hijos menores.

Las causas que dan lugar a la privación de la patria potestad pueden ser muy variadas, pero siempre será adoptada dicha medida con carácter de excepcionalidad, por causas muy justificadas y, como hemos dicho, siempre en beneficio de los menores, ya que los progenitores necesitan estar en perfecto estado de conocimiento y entendimiento para saber qué es lo deben hacer para ejercitar correctamente la patria potestad.

Por ejemplo, se puede privar del ejercicio de la patria potestad al progenitor que pasa años sin ver ni hablar con su hijo menor ni contribuyendo a su alimentación y necesidades,  generando una situación de auténtico desapego, de forma que su hijo pueda llegar a sentir que no tiene padre o madre, por esa total ausencia de relación.

El hecho de que un progenitor se encuentre privado de libertad por una condena penal, no significa necesariamente la privación de la patria potestad ya que si este progenitor no tiene contacto habitual con su hijo menor no es por una actitud voluntaria y deliberada sino porque está cumpliendo condena.

También suelen ser motivos de privación de la patria potestad conductas graves de drogodependencia, de alcoholismo, los malos tratos, las perturbaciones mentales, pero siempre se deberá estar al informe pericial correspondiente que deje claro que ese estado del progenitor puede afectar negativamente a los hijos menores, a su educación y estabilidad emocional.

La privación de la patria potestad no tiene porqué ser definitiva, ya que si mejora notablemente la situación del progenitor afectado, de manera que ya no suponga un riesgo para los menores, puede revisarse el pronunciamiento de privación de la patria potestad mediante el procedimiento de modificación de medidas.

 Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogada - Alcalá de Henares (Madrid)

domingo, 1 de enero de 2012

MATRIMONIO vs. PAREJA DE HECHO




Según ha sostenido reiteradamente el Tribunal Supremo, desde un punto de vista legal, no es igual el matrimonio que la unión de hecho, por muchos años que esta unión pudiera durar.

Sin duda, cuando de una unión de hecho nacen hijos, estos merecerán toda la protección que otro hijo matrimonial, pues el art. 39 de la Constitución Española impone a los padres, sin acepción de cualidad, el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos tanto dentro como fuera del matrimonio, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene manifestado que los padres separados con hijos extramatrimoniales no pueden estar en situación diferente y menos favorable respecto de las de los padres divorciados a la hora de dilucidad y reconocer el derecho de visitas a los hijos, justificándolo en que la noción de familia no debe estar restringida a las relaciones basadas en el matrimonio.

Sin embargo, en otras cuestiones las consecuencias  no son las mismas si existe o no matrimonio.

Existen muchas parejas que no quieren casarse porque rechazan verse “atadas por el papeleo”, pero muchas de ellas exigieron poder inscribirse en un Registro de Parejas de Hecho para poder acceder a los derechos que este instituto les pudiera reconocer.  Sin duda, registrarse como pareja de hecho les llevará mucho papeleo, tanto o más que inscribirse como matrimonio en el Registro Civil.   Y una pareja de hecho, si tuviera hijos y rompiera su relación,  le llevará el mismo papeleo formalizar en el juzgado  las medidas paterno filiales que regirán en el futuro, que al matrimonio con hijos que desee divorciarse.  Exactamente igual.

La pregunta es: si optan por inscribirse en un registro de parejas de hecho para conseguir ciertos derechos o beneficios, y ya están “atadas por el papeleo”  ¿por qué no se inscriben ya en el Registro Civil que otorga absolutamente todos los derechos posibles a esa pareja?

Resulta curioso que las parejas homosexuales, que podían inscribirse en los Registros de parejas de hecho, lucharan para tener el derecho a contraer matrimonio.  ¿Será porque efectivamente luchaban por tener unos derechos que siendo parejas de hecho no podían tener?  Así es.


Pues bien, he aquí algunas diferencias o ejemplos del  diferente tratamiento de  las parejas de hecho en relación con el matrimonio, sin perjuicio de lo que puedan considerar las diversas legislaciones comunitarias o forales:

En la actual legislación civil común, en materia de sucesiones, la pareja de hecho no tiene ninguna mención, no se le reconoce como legitimario ni tampoco se encuentra entre los llamados en la sucesión intestada, ya que la unión de hecho no genera parentesco entre los convivientes, por lo que no sería pariente, ni viudo o viuda y no tendría derecho hereditario alguno en la sucesión del compañero premuerto si no hubiera otorgado testamento.   En cambio la legislación autonómica en materia de uniones de hecho sí que recoge algunas especialidades en materia de derecho sucesorio.

Pero si el causante (fallecido) otorgó testamento a favor de su pareja, ésta sí tendrá derechos hereditarios, por lo que es importante que, en el supuesto de que tras otorgar testamento se rompiera la convivencia de hecho, se acuda nuevamente a la Notaría a otorgar un nuevo testamento que deje fuera de él a la expareja, pues de no hacerlo así se daría el caso de que esta tendría dichos derechos hereditarios.

Respecto a la pensión de viudedad, y desde que entró en vigor la Ley  40/2007 de 4 de diciembre, se reconoce expresamente el otorgamiento de una pensión de viudedad en los supuestos de parejas de hecho, siempre que, además de los requisitos que se establecen para las situaciones de matrimonio, se acredite una convivencia estable y notoria de al menos cinco años de duración, dependencia económica en unas determinadas circunstancias, etc.

A efectos laborales, el trabajo que presta para el empresario quien es su pareja de hecho, no se considera trabajo familiar.  Asimismo, cuando los cónyuges trabajan en la misma empresa, y uno de ellos es trasladado a otra localidad, el derecho laboral reconoce al otro cónyuge el derecho a ser trasladado también a la misma localidad, lo que no es posible en caso de pareja de hecho.

Para la legislación fiscal general, las uniones de hecho no son unidades familiares, ya que estas son solamente las compuestas por los cónyuges (matrimonio) tengan o no hijos, y el padre o la madre con los hijos que de ellos dependan.  Es decir que las personas que integran una unión de hecho no pueden formar a efectos fiscales una unidad familiar, sino únicamente con los hijos respecto de los que mantengan la patria potestad.

Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogada - Alcalá de Henares (Madrid)















viernes, 30 de diciembre de 2011

DIFERENCIAS ENTRE SEPARACIÓN, DIVORCIO Y NULIDAD



La Separación:  Un matrimonio puede decidir separarse de hecho.  Pero lo recomendable será la separación de Derecho, con intervención judicial, a fin de determinar las medidas, que al determinarse en una sentencia serán ejecutivas, respecto a la guarda y custodia de los hijos menores si los hubiere, la pensión de alimentos, uso de la vivienda, etc.

Con la separación matrimonial declarada judicialmente, el vínculo del matrimonio no se rompe, pero cesa la presunción de convivencia, el régimen económico matrimonial pasa a ser el de separación de bienes, ya no existiría la presunción de paternidad, etc.

El Divorcio:   La principal diferencia entre la separación y el divorcio es que con la separación no se disuelve el matrimonio y con el divorcio sí.  Estando separado judicialmente no se puede contraer nuevo matrimonio ya que continúa vigente el matrimonio, pero con el divorcio se rompe el vínculo matrimonial y se puede volver a contraer nuevo matrimonio.

El divorcio debe declararse judicialmente y junto a la misma, se establecerán por el juez o por ambos cónyuges si estuvieran de acuerdo, todas las medidas referentes a los hijos, vivienda, administración de los bienes, etc.

Hasta el año 2005 una pareja, en general y salvo expresas excepciones, debía separarse antes de divorciarse.   A partir de la Ley 15/2005 de 8 de Julio cualquier matrimonio puede divorciarse sin pasar por la separación previa (divorcio Express).  Para divorciarse es necesario que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, o antes de este plazo si existiera algún peligro contra la vida o integridad de cualquier cónyuge o hijos, sin que sea necesario en ningún caso pasar previamente por una separación judicial.

Generalmente los cónyuges suelen optar por el divorcio y no por la separación, ya que el divorcio rompe el vínculo matrimonial y además sale más barato ya que si los cónyuges se separan y luego desean divorciarse, deberían pasar y pagar dos procedimientos judiciales y no uno.

La Nulidad:  Tanto los tribunales civiles como los eclesiásticos pueden declarar la nulidad del matrimonio si se dan las causas que determinan el Código Civil en un caso y el Canónico en el otro.  Esas causas, en cualquiera de las dos jurisdicciones tienen que darse antes de contraer el matrimonio o al momento de hacerlo, y demostrándose la existencia de las mismas se declararía la nulidad, o lo que es lo mismo la inexistencia del matrimonio porque se contrajo inválidamente, jurídicamente nunca existió.  Esta es la principal diferencia con la separación y con el divorcio, ya que en estos el matrimonio fue válido mientras que con la nulidad no.

El matrimonio católico es indisoluble, así se determina por el Derecho Canónico, por tanto no admite el divorcio, ya que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial.

La nulidad matrimonial declarada por un tribunal eclesiástico permite contraer  matrimonio eclesiástico “nuevamente”, ya que el primero nunca existió.

Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogada - Alcalá de Henares





sábado, 15 de octubre de 2011

PENSIÓN COMPENSATORIA


La pensión compensatoria tiene diferente naturaleza que la pensión de alimentos.  El legislador de 1981 tuvo en cuenta la realidad social de aquel momento, ya que era frecuente encontrarnos con matrimonios donde la esposa no había trabajado nunca, que se había dedicado exclusivamente a cuidar de sus hijos, de su marido, de su casa, “sus labores”, y que tras varios o muchos años de unión, al romperse el matrimonio, mientras el marido continuaba con su trabajo, generando ingresos y el derecho a una pensión de jubilación, la esposa continuaba cuidando a los hijos, sin experiencia laboral, a veces sin posibilidad real de incorporarse al mercado de trabajo, es decir  con una evidente desventaja y desequilibrio respecto al marido y marcado empobrecimiento respecto a la situación que tenía cuando estaba casada.

Se pensó en todas estas mujeres, una inmensa mayoría entonces, para determinar mediante el art. 97 del Código Civil, que tendrían derecho a una pensión que les compensara en alguna medida de todo el tiempo dedicado a su familia, aunque el artículo 97 se dirige al “cónyuge al que la separación o el divorcio produzca desequilibrio….”, es decir, también  el hombre, si reuniese los requisitos exigidos por dicho articulo, podría ser beneficiario de dicha pensión.

La realidad social ha venido cambiando y de hecho hoy la mayoría de las mujeres no abandonan sus trabajos cuando se casan,  ni cuando tienen hijos.  Ambos cónyuges trabajan, ¿ha afectado esta realidad social al derecho a percibir por uno de ellos, habitualmente las mujeres, una pensión compensatoria?

Art. 97 Código Civil:
El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.
A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
1. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
2. La edad y el estado de salud.
3. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
4. La dedicación pasada y futura a la familia.
5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
7. La pérdida eventual de un derecho de pensión.
8. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
9. Cualquier otra circunstancia relevante.
En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

El requisito básico, primordial, para determinar si existe o no el derecho a establecer una pensión compensatoria es el desequilibrio económico de uno de los cónyuges, pero al momento de la separación o el divorcio. Ahora bien, la jurisprudencia se encuentra dividida respecto a como apreciar el desequilibrio económico.  Unos jueces entienden que debe atenderse exclusivamente a la disminución de capacidad económica de uno de los cónyuges respecto del otro al momento de la separación o divorcio, y que las circunstancias enumeradas en el art. 97 se deben tener en cuenta a la hora de fijar la cuantía de la pensión, y otros consideran que todo en su conjunto es lo que determina si existe o no derecho a percibir la pensión y a graduarla en la cuantía correspondiente.

Por otro lado tampoco el art. 97 CC nos presenta una relación cerrada de circunstancias a tener en cuenta, sino que como vemos, y porque se introdujo en una modificación del año 2005, el punto noveno añada “cualquier otra circunstancia relevante”  dejándolo a la discreción judicial.

En este asunto de la pensión compensatoria, como en tantos otros relacionados con el derecho de familia, existen discrepancias jurisprudenciales también en otros muchos aspectos,  ya que es el juez quien tiene la facultad de determinar si existe el derecho al reconocimiento de la pensión y fijar su cuantía, por tanto, existen y existirán discrepancias múltiples, ya que múltiples son las casuísticas relacionadas con este punto, por ejemplo:

¿Tiene derecho a una pensión compensatoria el cónyuge  que trabaja y gana menos que el otro (generalmente la mujer)? , si el juez que debe analizarlo considera que sí, ¿en qué cuantía?,

¿Tiene derecho a una pensión el cónyuge que  no trabaja pero tiene un patrimonio superior al del marido?

¿Tiene derecho a una pensión el cónyuge que durante su matrimonio ha estado capacitado para trabajar y ha trabajado en alguna ocasión, pero al momento del divorcio o de la separación no lo hace?

¿Tiene derecho a una pensión compensatoria el cónyuge que nunca trabajó durante su matrimonio, que al producirse el divorcio o la separación cuenta con 60 años de edad y el otro cónyuge  en ese momento no percibe ingresos o percibe un subsidio de desempleo?

¿Y si el cónyuge que pide la pensión nunca quiso trabajar durante la vigencia de su matrimonio y el que trabaja nunca le puso impedimentos para que lo hiciera?

¿Si al momento de solicitar la separación o el divorcio, el matrimonio lleva tiempo separado de hecho, se puede admitir la petición de pensión del cónyuge si durante todo ese tiempo no ha sido ayudado por el otro?  ¿Sería lo mismo llevar separados de hecho tres meses que dos años, por ejemplo?


Y si el juez considera que sí existe el derecho a percibir una pensión, ¿cómo se calcula dicha pensión?

Pues es una tarea complicada ya que intervienen numerosos factores, como detalla el art. 97 CC., edad, salud, años de matrimonio, edades de los hijos, cualificación profesional, posibilidades de acceso a un empleo, ingresos, las cargas estables, otras circunstancias relevantes,  etc., pero al final es el juez el que resuelve discrecionalmente y quien fija la cuantía que considera adecuada.

Según ha manifestado reiteradamente, y en este punto no hay división de opiniones, la pensión compensatoria no se fija para igualar patrimonios entre los cónyuges.

Lo que se persigue con esta pensión es ayudar al cónyuge beneficiario de la misma a alcanzar, si ello fuera posible, el grado de autonomía económica que hubiera tenido por sí mismo, si no hubiera mediado dicho matrimonio.  Por tanto el juez no va a fijar una pensión compensatoria que consista en la mitad o en casi la mitad de los ingresos del cónyuge que percibe ingresos, sino una cantidad inferior en todo caso, máxime si quien percibe ingresos también es el obligado a realizar pagos periódicos como el del préstamo hipotecario.

La pensión compensatoria debe actualizarse anualmente con el índice de precios al consumo, mientras no se extinga.

La duración de la pensión compensatoria no es indefinida.  Con la modificación del art. 97 CC realizada en el año 2005, la pensión puede ser temporal.  Pero la ley no establece los tiempos, es el juez quien discrecionalmente establece la duración de la misma, aunque existen circunstancias que llevarán a determinar el carácter indefinido de esta pensión, como por ejemplo que el cónyuge que la solicite se haya dedicado durante toda su larga vida matrimonial al cuidado de toda la familia y no haya trabajado nunca o lo haya hecho de forma esporádica, como es el caso de muchas mujeres que al momento de separarse o divorciarse cuenten como más de sesenta años.

La extinción de la pensión es automática si el acreedor o beneficiario de  la misma fallece, ya que es un derecho personal y no es transmisible.  También se extingue automáticamente por la celebración de un nuevo matrimonio del beneficiario.

Asimismo la pensión compensatoria se extingue por cesar la causa que la motivó, es decir, si desaparece ese desequilibrio, bien porque mejore la situación económica del beneficiario o porque empeore notablemente la del obligado a pagar la pensión.  También se extingue por la convivencia marital del beneficiario con otra persona.  Ahora bien, estas circunstancias no hacen que la pensión se extinga automáticamente sino que habrá que acudir al juzgado y mediante un procedimiento de modificación de medidas, solicitar la extinción, debiendo celebrarse juicio y probar dichas circunstancias.

También se extingue cuando llega a término el plazo señalado en la sentencia, ya que como hemos apuntado la pensión compensatoria no tiene carácter indefinido,  por lo que transcurrido el plazo que la sentencia determine, se habrá extinguido la misma.

María Victoria Gordaliza Cabero
Abogado 
Alcalá de Henares (Madrid)

martes, 27 de septiembre de 2011

GASTOS EXTRAORDINARIOS


Cuando un matrimonio o pareja decide poner fin a su relación y existen hijos no independientes económicamente, se fija una pensión de alimentos a su favor  con  la intención de cubrir sus necesidades de manutención, vestido, educación, etc.

Pero también pueden existir otros gastos que no han sido previstos inicialmente porque son excepcionales, no periódicos ni previsibles.  Son los gastos extraordinarios, diferentes a los tenidos en cuenta para fijar la pensión de alimentos, que son los ordinarios y habituales.

Estos gastos extraordinarios  son definidos por los Tribunales, en general, como los que sin ser previsibles, sean necesarios o convenientes y que además no se cubran por los sistemas públicos sanitarios o de enseñanza.  Los ejemplos más  característicos son las gafas y aparatos de ortodoncia.  Pero también suelen incluirse aquí las actividades extraescolares, los viajes o excursiones escolares, clases de apoyo, etc.

La Audiencia Provincial de Madrid suele definirlos como los que dimanan de sucesos de imposible previsión apriorística, es decir que pueden surgir o no, pero que necesariamente deben estar vinculados a las necesidades de los hijos, a su formación, su cuidado y desarrollo.

El abono de estos gastos suele repartirse entre los progenitores al cincuenta por ciento.  A veces, los progenitores acuerdan que la contribución sea en diferentes proporciones e incluso que se abonen por uno de ellos exclusivamente.   La decisión final será del juez quien tiene la facultad de modificar y de fijar la proporción en que cada uno debe contribuir en estos gastos, aunque, como decíamos, generalmente se establece que sea a partes iguales.

Ya que son gastos de los hijos,  aunque la guarda y custodia se le atribuya a uno de los progenitores, al ostentar ambos la patria potestad de los hijos, ambos deben decidir la conveniencia de dicho gasto extraordinario.    Si no están de acuerdo, es el juez quien debe decidir si ese gasto es conveniente o no.

Cuando uno de los progenitores se niega al abono que le corresponde de un gasto extraordinario de su hijo, el que ha realizado todo el gasto puede acudir a la vía judicial y reclamar mediante la ejecución de sentencia la parte correspondiente.  Ahora bien,  es importante que esos gastos que se reclaman tengan la naturaleza de extraordinarios y de que  en su momento fueron consensuados por ambos progenitores.

Respecto a los libros, matrículas, material escolar,  uniformes,  hay que decir que la jurisprudencia no los considera gastos extraordinarios ya que es fácilmente previsible que cada curso haya que realizar dichos gastos, incluyéndose por tanto en la cuantía fijada como pensión de alimentos.

Es posible que llegue un momento en que dichos gastos extraordinarios de matrículas, libros, material, sean más importantes, por ejemplo cuando los hijos ingresan en la universidad, ya que la matrícula universitaria o los libros de texto suponen un mayor desembolso.  En este caso tampoco se consideran dichos gastos como extraordinarios, sino ordinarios, es decir que están cubiertos también por la pensión de alimentos.

Pero, la realidad es que supone un desembolso que genera el empobrecimiento del progenitor custodio y un enriquecimiento del no custodio, por lo que la solución para que ambos progenitores se hagan cargo de este gasto pasaría por presentar en el juzgado una demanda de modificación de medidas, basada en que se ha modificado sustancialmente el gasto de los hijos,  que ahora es muy superior y por tanto se solicitaría el incremento de la pensión ordinaria de alimentos.

Maria Victoria Gordaliza Cabero

Abogada Alcalá de Henares (Madrid)