lunes, 10 de julio de 2017

CUSTODIA COMPARTIDA: DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO CON LOS HIJOS





Resulta un hecho que la guarda y custodia compartida va tomando cada vez más presencia en los procedimientos de separación o divorcio, o en parejas de hecho con hijos que deciden separarse.  Y que cada vez son más numerosos los procedimientos contenciosos que frente a una solicitud por parte de la madre de custodia monoparental a su favor, se alza la solicitud del padre de que la custodia sea compartida entre ambos progenitores.

Por supuesto, los progenitores, al separarse, estén casdos o no, de mutuo acuerdo, pueden establecer que la custodia de sus hijos se compartirá por ambos y los periodos de tiempo pertinentes para ello.

Si no existe consenso, será el juez quien tenga que determinar y acordar  el tipo de custodia más adecuado para el supuesto familiar concreto que se le expone. 

Y mucho han cambiado las cosas últimamente respecto de este instituto.  En bastantes Comunidades Autónomas se ha legislado  de forma novedosa numerosos aspectos jurídicos relacionados con la familia, pero no ha ocurrido lo mismo con nuestro Código Civil.  Ha sido el Tribunal Supremo, a través de sus Sentencias quien ha configurado una nueva perspectiva de la custodia.

Y así a través de Sentencias como las de 25-11-2013, 9-9-2015, 17-11-2015, 4-2-2016, 11-2-2016, 9-3-2016, 17-3-2016, 27-6-2016, etc., se ha venido a definir este régimen de custodia compartida como la deseable, la más adecuada e idónea para los hijos, al considerar que se evita el sentimiento de pérdida, que no se cuestiona la idoneidad de los progenitores, que se fomenta la cooperación de los padres en beneficio de los hijos y se fomenta la integración de estos con ambos progenitores.


Primero, el juez debe determinar si la custodia compartida o conjunta es la fórmula más idónea para proteger el interés de los menores en cada caso concreto, ya que no siempre es la más adecuada al depender de múltiples circunstancias, domicilio de los progenitores, jornadas de trabajo, actitudes personales, apoyos familiares, etc.

Si el juez considera factible y como más idónea la custodia compartida debe decidirse cuál debe ser el reparto de los tiempos de estancia de los menores con sus progenitores, lo que también dependerá en muchos casos, de las posibilidades reales de tiempo de cada uno de ellos, pues cada familia tiene una gestión determinada que afecta a la convivencia de todos sus miembros, que son las que deben tenerse en cuenta para encontrar el sistema más eficaz de distribución de la convivencia de los menores con cada progenitor, siempre, fundamentalmente en interés de ellos.

De esta manera la distribución de las estancias se acomoda a las circunstancias exclusivas de esa familia, de esos progenitores y de esos menores, sin perjuicio de que la decisión adoptada por acuerdo de los progenitores o bien por la decisión del  juez en procedimiento contencioso, pudiera cambiar cuando estas circunstancias de los miembros de la familia se modificaran.

Pero indudablemente, el acuerdo entre los progenitores, homologado posteriormente por el Juez, será la forma más práctica, garantista y segura para gestionar la custodia de los hijos y demás circunstancias en el futuro.













Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogado
Alcalá de Henares (Madrid)

domingo, 11 de junio de 2017

VIVIENDA FAMILIAR: ATRIBUCIÓN USO Y DISFRUTE


Ante la crisis matrimonial, un problema relevante en la práctica es decidir cual de los dos cónyuges seguirá en la vivienda que es el domicilio familiar, y cual de los dos deberá abandonarla.   Trataré de exponer brevemente los problemas más frecuentes que plantea la norma del Derecho Común.

Art. 96 Código Civil:
En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.
        
No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial.

Puede que el matrimonio no tenga hijos, puede que sí los tenga y que estos sean menores o que sean mayores de edad, o que unos menores y otros mayores, que la guarda y custodia de todos los hijos no se atribuya al mismo progenitor, etc.

Comenzando por el tercer párrafo del artículo, en el supuesto de que el matrimonio no tenga hijos, el artículo no señala cuando el interés de uno de los esposos debe considerarse más digno de protección que el del otro  por lo que debe ser el juez el que lo determine en atención a las circunstancias de la pareja, tales como sociales, económicas personales, etc.

Es posible que la vivienda sea propiedad de uno solo de los cónyuges, y podríamos pensar que al separarse o divorciarse el matrimonio, será ese cónyuge titular quien continúe en el uso y disfrute de dicha vivienda, al ser suya,  pero en absoluto tiene por qué ser así. 

En primer lugar, los propios cónyuges pueden acordar, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, a quien se atribuye el uso y disfrute de la  vivienda.  Si no existiera acuerdo, el juez concederá dicho uso al titular de la vivienda, a no ser que el cónyuge no titular pruebe que su interés es el más necesitado de protección y que esas circunstancias hagan aconsejable que sea a él a quien se atribuya  dicho uso. 

La atribución del uso de la vivienda es una medida de carácter asistencial, que en modo alguno excluye la adopción de otras medidas a favor del no titular, como por ejemplo una pensión compensatoria o una pensión de alimentos, en su caso.

En el caso de que existan hijos, el primer párrafo del artículo comentado,  nos dice que se adjudicará el uso a los hijos y al cónyuge al que se atribuya al guarda y custodia de los mismos.  Como ocurre en tantas ocasiones, al no especificar nada la norma respecto a si los hijos a los que hace referencia deben ser menores de edad, la jurisprudencia está dividida al respecto, y mientras unas sentencias establecen que el art. 96,  al no diferenciar entre hijos mayores y menores, está protegiendo tanto a unos como a otros de igual manera, otras sentencias consideran que los hijos menores gozan de mayor protección ya que el art. 39 de la Constitución dice que “los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos …durante la minoría de edad..”, siendo ese “todo orden” tan amplio que abarca el uso de la vivienda familiar,  y que en cambio la Constitución no menciona a los hijos mayores de edad, derivando la determinación de la asistencia que puedan necesitar a lo que “legalmente proceda”.

Lo que está claro es que el interés de los hijos es el más necesitado de protección, siendo este el que prepondera y el de los padres el que se sacrifica.  Ahora bien, ¿Qué ocurre si la atribución de la vivienda familiar a los hijos y al cónyuge custodio resulta gravemente perjudicial para el otro progenitor no custodio, debe aplicarse automáticamente el art.96 del Código Civil?

Nuevamente hay división jurisprudencial, y mientras unas sentencias consideran que el juez no tiene nada que  decidir porque la ley ya lo ha decidido, es decir, el interés de los hijos por encima de todo, otras sentencias consideran que el art. 96 del Código Civil se basa en lo que normalmente sucede, es decir, en que los hijos están más desprotegidos que los padres,  pero que si la realidad del caso concreto, conforme a las pruebas practicadas, acreditan que el interés del progenitor no custodio es más digno de protección, debe ser este el que se proteja por encima de los hijos.  Esto será, lógicamente,  la excepción, pero ocurre; pensemos en el supuesto en que la custodia de los hijos se atribuya a la madre, que la vivienda familiar sea privativa del padre y que este no tenga otra vivienda, mientras que la madre sí posee otra casa de su titularidad.  Si aplicamos el art. 96 literalmente, el padre debe salir de la vivienda familiar y tendrá que alquilar una vivienda o irse a vivir con algún familiar o buscar una habitación, mientras que la madre se quedará en la vivienda familiar (propiedad del padre) con sus hijos y podrá alquilar la otra vivienda que tiene.

Tampoco establece este artículo nada sobre la duración de la medida.  Entonces ¿cuánto tiempo puede quedarse en la vivienda el progenitor custodio y los hijos?  Si existen hijos menores de edad, ¿hasta que sean mayores de edad o hasta que sean económicamente independientes?.  Si no hay hijos  y la vivienda es de los dos cónyuges, tampoco el juez está obligado a determinar un plazo concreto de duración de la atribución del uso a favor de uno de ellos, ya que el art. 96 solo obliga a que el juez se pronuncie sobre el plazo de duración en el supuesto de que la vivienda familiar sea solamente de uno de los cónyuges.  No ocurre lo mismo en el Derecho catalán, ya que aunque los menores de edad son siempre el interés más digno de protección y la atribución irá principalmente ligada a su guarda y custodia, también puede atribuirse este uso de la vivienda familiar al no custodio, si el otro tiene la opción de cubrir esa necesidad de vivienda y el no custodio no, y además dicha atribución será, en todo caso, limitada en el tiempo.


No obstante, los jueces y abogados de familia, en los Encuentros que realizan,  están aprobando conclusiones en relación con todos estos asuntos y también,  en concreto, en relación con el derecho de uso de la vivienda familiar, reiterando la necesidad de que por el legislativo se reforme el art. 96 del Código Civil “de forma que se proceda a una distribución del uso de la vivienda familiar entre las partes con plazos máximos legales de asignación y posible alternancia en el uso, atendidas las circunstancias, siempre que así se garantice el derecho de los hijos a habitar una vivienda en su entorno habitual.  Dicha regulación debe comprender asimismo la concesión al Juez de amplias facultades para, salvaguardando el referido derecho de los hijos, acordar, en los casos de vivienda familiar de titularidad común de los progenitores, la realización de dicho inmueble, siempre a petición de alguna de las partes, mediante su venta a terceros o adjudicación a una de ellas, …”

Y en el caso de que se establezca una custodia compartida, la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia de 12-5-2017 ha establecido que la atribución de la vivienda a uno de los progenitores ha de ser por tiempo limitado, en el caso concreto que analiza esta sentencia, lo concreta en tres años.


Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogada
Alcalá de Henares (Madrid)

lunes, 25 de mayo de 2015

REQUISITOS PENSION VIUDEDAD EN PAREJA DE HECHO

 Ante el supuesto de reclamación de una pensión de viudedad por alguien que ha mantenido una relación de pareja de hecho con alguien que ha fallecido, puede ocurrir que la Seguridad Social la deniegue.

El Tribunal Supremo Sala 4ª, en su Sentencia de 10-3-2015, acaba de DENEGAR EL DERECHO A PERCIBIR UNA PENSIÓN DE VIUDEDAD SIN EXISTENCIA DE MATRIMONIO, al desestimar un Recurso de Casación para la unificación de doctrina interpuesto por una mujer, contra la sentencia dictada en fecha 6-mayo-2014 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Alicante, de fecha 25-junio-2013  en autos seguidos a instancia de la referida recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Esta es la Jurisprudencia que se sigue, y ello en virtud de que el apartado 3 del art. 174 de la Ley General de la Seguridad Social establece la exigencia de dos simultáneos requisitos para que el miembro supérstite de la “pareja de hecho” pueda obtener una pensión de viudedad:  a) de un lado se exige por dicha norma la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años;  y b) de otro la publicidad de la situación de convivencia more uxorio, imponiendo con carácter constitutivo y antelación mínima de dos años al fallecimiento, la inscripción en el registro de parejas de hecho (en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia), o la constancia de su constitución como tal pareja en documento público.



jueves, 3 de mayo de 2012

PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE PAREJA DE HECHO


No siempre una pareja no casada genera derechos y obligaciones entre sí.  Para que ello ocurra es necesario que exista una convivencia equivalente a la que existe en un matrimonio, con afecto marital.  Una convivencia de simple amistad no puede considerarse unión de hecho a estos efectos.

Con carácter general lo requisitos de las uniones de hecho son, que estén formadas por dos personas mayores de edad, sin impedimentos legales para su convivencia, que la relación sea afectivo-sexual, que exista estabilidad en esa convivencia y que sea notoria y conocida públicamente esa relación.  En resumen, que convivan como si estuvieran casados pero sin cumplir los trámites formales de la celebración de matrimonio.

Ya que no existe el trámite formal de la celebración de matrimonio, su ausencia dificulta la prueba de la existencia de la pareja de hecho, cuestión importante a la hora de determinar el efecto jurídico de la pareja, sus derechos y obligaciones.

En estos últimos años se han creado numerosos registros de parejas de hecho por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, donde la mera declaración de las partes genera la inscripción en dicho registro, pero no es prueba concluyente de su existencia pues carece de garantías suficientes como para considerar que dicha declaración realizada por las partes es cierta.

Por lo que es importante poder acreditar la unión de hecho y su duración temporal por otros medios de  prueba.  Nada impide que las dos personas que conforman esta unión de hecho vayan a la  notaría y otorguen un documento público donde establezcan que van a constituir una unión con carácter estable o que ya existe, el domicilio, los bienes existentes y cuando se adquirieron, como va a regirse económicamente su unión, etc.

Otras pruebas indiciarias serían los contratos, los de arrendamiento de la vivienda o compraventa realizados por ambos convivientes.  Los contratos bancarios conjuntos, los contratos de suministros u otros contratos con terceros, el empadronamiento en el mismo domicilio, etc.   Estas son pruebas que acreditan la convivencia de las dos personas pero en ningún caso que exista entre ellas un vínculo de relación sentimental estable y permanente, requisito indispensable, como se dijo, para considerar existente la relación de hecho con plenos efectos jurídicos.

Para acreditar la relación sentimental estable y permanente la prueba de testigos, amigos, vecinos, etc, es fundamental, pero evidentemente la más efectiva es la existencia de hijos comunes cuya filiación materna y paterna  figure inscrita en el Registro Civil.

Todas estas pruebas van encaminadas a acreditar la unión afectiva de hecho entre dos personas, ya que esto incidiría en algunos ámbitos jurídicos, fiscales, penales, laborales, etc., pero casi nunca al mismo nivel que si existe matrimonio, ya que desde un punto de vista legal, no es igual el matrimonio que la unión de hecho.

Por lo que si lo que se pretende es obtener la mayor seguridad jurídica a fin de disfrutar de todos los derechos que devienen del matrimonio, lo que hay que hacer es inscribirse en el Registro Civil, esto es casarse, lo que no es más que, delante de un alcalde o funcionario competente, si no queremos que sea un juez o un cura, prestar el consentimiento a la celebración del matrimonio junto a dos testigos.  Nada más.  Otra cosa es todo aquello de lo que socialmente hemos investido a la celebración, pero esto es otra cosa ajena al instituto jurídico.

No hay que olvidar que los registros de uniones de hecho fueron un gran avance pero solamente al incluir las uniones de parejas homosexuales, ya que no podían acceder al Registro Civil como matrimonio, pero en el momento que se ha permitido el matrimonio de las parejas del mismo sexo, se casan, a fin de garantizarse todos los derechos que este instituto origina. 

Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogada Alcalá de Henares

viernes, 16 de marzo de 2012

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD


A veces, al momento de la separación o el divorcio, o después, alguno de los progenitores puede pretender que al otro se le prive de la patria potestad por  considerar que no se preocupa lo suficiente del hijo común.

Para que tenga lugar la privación de la patria potestad es necesario que exista una causa relevante y grave, y por supuesto, debe declararse en una sentencia y siempre en interés de los hijos.  Generalmente cuando se priva a uno de los progenitores del ejercicio de la patria potestad es porque existe una total despreocupación y desinterés de ese progenitor respecto a su hijo y/o porque su conducta puede afectar negativamente al desarrollo emocional del menor.

La privación total o parcial de la patria potestad requiere que exista un efectivo incumplimiento de los deberes de cuidado y asistencia, y que el mismo sea imputable de forma relevante al titular o titulares de la patria potestad, que en el juicio queden suficientemente acreditados dichos extremos y conlleve un peligro grave para los hijos menores.

Las causas que dan lugar a la privación de la patria potestad pueden ser muy variadas, pero siempre será adoptada dicha medida con carácter de excepcionalidad, por causas muy justificadas y, como hemos dicho, siempre en beneficio de los menores, ya que los progenitores necesitan estar en perfecto estado de conocimiento y entendimiento para saber qué es lo deben hacer para ejercitar correctamente la patria potestad.

Por ejemplo, se puede privar del ejercicio de la patria potestad al progenitor que pasa años sin ver ni hablar con su hijo menor ni contribuyendo a su alimentación y necesidades,  generando una situación de auténtico desapego, de forma que su hijo pueda llegar a sentir que no tiene padre o madre, por esa total ausencia de relación.

El hecho de que un progenitor se encuentre privado de libertad por una condena penal, no significa necesariamente la privación de la patria potestad ya que si este progenitor no tiene contacto habitual con su hijo menor no es por una actitud voluntaria y deliberada sino porque está cumpliendo condena.

También suelen ser motivos de privación de la patria potestad conductas graves de drogodependencia, de alcoholismo, los malos tratos, las perturbaciones mentales, pero siempre se deberá estar al informe pericial correspondiente que deje claro que ese estado del progenitor puede afectar negativamente a los hijos menores, a su educación y estabilidad emocional.

La privación de la patria potestad no tiene porqué ser definitiva, ya que si mejora notablemente la situación del progenitor afectado, de manera que ya no suponga un riesgo para los menores, puede revisarse el pronunciamiento de privación de la patria potestad mediante el procedimiento de modificación de medidas.

 Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogada - Alcalá de Henares (Madrid)

domingo, 1 de enero de 2012

MATRIMONIO vs. PAREJA DE HECHO




Según ha sostenido reiteradamente el Tribunal Supremo, desde un punto de vista legal, no es igual el matrimonio que la unión de hecho, por muchos años que esta unión pudiera durar.

Sin duda, cuando de una unión de hecho nacen hijos, estos merecerán toda la protección que otro hijo matrimonial, pues el art. 39 de la Constitución Española impone a los padres, sin acepción de cualidad, el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos tanto dentro como fuera del matrimonio, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene manifestado que los padres separados con hijos extramatrimoniales no pueden estar en situación diferente y menos favorable respecto de las de los padres divorciados a la hora de dilucidad y reconocer el derecho de visitas a los hijos, justificándolo en que la noción de familia no debe estar restringida a las relaciones basadas en el matrimonio.

Sin embargo, en otras cuestiones las consecuencias  no son las mismas si existe o no matrimonio.

Existen muchas parejas que no quieren casarse porque rechazan verse “atadas por el papeleo”, pero muchas de ellas exigieron poder inscribirse en un Registro de Parejas de Hecho para poder acceder a los derechos que este instituto les pudiera reconocer.  Sin duda, registrarse como pareja de hecho les llevará mucho papeleo, tanto o más que inscribirse como matrimonio en el Registro Civil.   Y una pareja de hecho, si tuviera hijos y rompiera su relación,  le llevará el mismo papeleo formalizar en el juzgado  las medidas paterno filiales que regirán en el futuro, que al matrimonio con hijos que desee divorciarse.  Exactamente igual.

La pregunta es: si optan por inscribirse en un registro de parejas de hecho para conseguir ciertos derechos o beneficios, y ya están “atadas por el papeleo”  ¿por qué no se inscriben ya en el Registro Civil que otorga absolutamente todos los derechos posibles a esa pareja?

Resulta curioso que las parejas homosexuales, que podían inscribirse en los Registros de parejas de hecho, lucharan para tener el derecho a contraer matrimonio.  ¿Será porque efectivamente luchaban por tener unos derechos que siendo parejas de hecho no podían tener?  Así es.


Pues bien, he aquí algunas diferencias o ejemplos del  diferente tratamiento de  las parejas de hecho en relación con el matrimonio, sin perjuicio de lo que puedan considerar las diversas legislaciones comunitarias o forales:

En la actual legislación civil común, en materia de sucesiones, la pareja de hecho no tiene ninguna mención, no se le reconoce como legitimario ni tampoco se encuentra entre los llamados en la sucesión intestada, ya que la unión de hecho no genera parentesco entre los convivientes, por lo que no sería pariente, ni viudo o viuda y no tendría derecho hereditario alguno en la sucesión del compañero premuerto si no hubiera otorgado testamento.   En cambio la legislación autonómica en materia de uniones de hecho sí que recoge algunas especialidades en materia de derecho sucesorio.

Pero si el causante (fallecido) otorgó testamento a favor de su pareja, ésta sí tendrá derechos hereditarios, por lo que es importante que, en el supuesto de que tras otorgar testamento se rompiera la convivencia de hecho, se acuda nuevamente a la Notaría a otorgar un nuevo testamento que deje fuera de él a la expareja, pues de no hacerlo así se daría el caso de que esta tendría dichos derechos hereditarios.

Respecto a la pensión de viudedad, y desde que entró en vigor la Ley  40/2007 de 4 de diciembre, se reconoce expresamente el otorgamiento de una pensión de viudedad en los supuestos de parejas de hecho, siempre que, además de los requisitos que se establecen para las situaciones de matrimonio, se acredite una convivencia estable y notoria de al menos cinco años de duración, dependencia económica en unas determinadas circunstancias, etc.

A efectos laborales, el trabajo que presta para el empresario quien es su pareja de hecho, no se considera trabajo familiar.  Asimismo, cuando los cónyuges trabajan en la misma empresa, y uno de ellos es trasladado a otra localidad, el derecho laboral reconoce al otro cónyuge el derecho a ser trasladado también a la misma localidad, lo que no es posible en caso de pareja de hecho.

Para la legislación fiscal general, las uniones de hecho no son unidades familiares, ya que estas son solamente las compuestas por los cónyuges (matrimonio) tengan o no hijos, y el padre o la madre con los hijos que de ellos dependan.  Es decir que las personas que integran una unión de hecho no pueden formar a efectos fiscales una unidad familiar, sino únicamente con los hijos respecto de los que mantengan la patria potestad.

Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogada - Alcalá de Henares (Madrid)















viernes, 30 de diciembre de 2011

DIFERENCIAS ENTRE SEPARACIÓN, DIVORCIO Y NULIDAD



La Separación:  Un matrimonio puede decidir separarse de hecho.  Pero lo recomendable será la separación de Derecho, con intervención judicial, a fin de determinar las medidas, que al determinarse en una sentencia serán ejecutivas, respecto a la guarda y custodia de los hijos menores si los hubiere, la pensión de alimentos, uso de la vivienda, etc.

Con la separación matrimonial declarada judicialmente, el vínculo del matrimonio no se rompe, pero cesa la presunción de convivencia, el régimen económico matrimonial pasa a ser el de separación de bienes, ya no existiría la presunción de paternidad, etc.

Si ambas partes quieren reanudar la convivencia, seguirán estando casados pues el vínculo matrimonial no se rompió, y sólo tendrían que presentar un escrito en el Juzgado firmado por los dos, en cumplimiento de la previsión del artículo 84 del Código Civil, informando de su reconciliación.

El Divorcio:   La principal diferencia entre la separación y el divorcio es que con la separación no se disuelve el matrimonio y con el divorcio sí.  Estando separado judicialmente no se puede contraer nuevo matrimonio ya que continúa vigente el matrimonio, pero con el divorcio se rompe el vínculo matrimonial y se puede volver a contraer nuevo matrimonio.

El divorcio debe declararse judicialmente y junto a la misma, se establecerán por el juez o por ambos cónyuges si estuvieran de acuerdo, todas las medidas referentes a los hijos, vivienda, administración de los bienes, etc.

Hasta el año 2005 una pareja, en general y salvo expresas excepciones, debía separarse antes de divorciarse.   A partir de la Ley 15/2005 de 8 de Julio cualquier matrimonio puede divorciarse sin pasar por la separación previa (divorcio Express).  Para divorciarse es necesario que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, o antes de este plazo si existiera algún peligro contra la vida o integridad de cualquier cónyuge o hijos, sin que sea necesario en ningún caso pasar previamente por una separación judicial.

Generalmente los cónyuges suelen optar por el divorcio y no por la separación, ya que el divorcio rompe el vínculo matrimonial y además sale más barato ya que si los cónyuges se separan y luego desean divorciarse, deberían pasar y pagar dos procedimientos judiciales y no uno.

En caso de que ambas partes quieran reanudar su convivencia podrán hacerlo como pareja de hecho o volviéndose a casar.


La Nulidad:  Tanto los tribunales civiles como los eclesiásticos pueden declarar la nulidad del matrimonio si se dan las causas que determinan el Código Civil en un caso y el Canónico en el otro.  Esas causas, en cualquiera de las dos jurisdicciones tienen que darse antes de contraer el matrimonio o al momento de hacerlo, y demostrándose la existencia de las mismas se declararía la nulidad, o lo que es lo mismo la inexistencia del matrimonio porque se contrajo inválidamente, jurídicamente nunca existió.  Esta es la principal diferencia con la separación y con el divorcio, ya que en estos el matrimonio fue válido mientras que con la nulidad no.

El matrimonio católico es indisoluble, así se determina por el Derecho Canónico, por tanto no admite el divorcio, ya que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial.

La nulidad matrimonial declarada por un tribunal eclesiástico permite contraer  matrimonio eclesiástico “nuevamente”, ya que el primero nunca existió.

Maria Victoria Gordaliza Cabero
Abogada - Alcalá de Henares